Desde
mayo de 2010, la vigencia de la nueva regulación procesal
desaconseja, a nuestro criterio, la utilización del proceso
monitorio en los casos de aparente voluntad de la deudora de
ocultarse de los acreedores por las razones múltiples posibles:
liquidación de la sociedad fuera de los cauces previstos,
insolvencia previsible, etc. Se desvirtúa la esencia del
procedimiento, cuya naturaleza es evitar la necesidad de acudir
siempre al declarativo cuando no hay un título ejecutivo suficiente.
Si el incremento de la cuantía, sucesivo en cada modificación de la
LEC, parece ser síntoma de un correspondiente incremento de la
confianza del Legislador en la idoneidad del procedimiento, que nació
limitado a este respecto, contradictoriamente se ha cegado, sin
fundamento, una tendencia jurisprudencial favorable a ampliar, en
ciertos casos, el uso de la notificación por edictos, previsto en la
Ley sólo en el caso de las reclamaciones por deudas de propiedad
horizontal.
mayo de 2010, la vigencia de la nueva regulación procesal
desaconseja, a nuestro criterio, la utilización del proceso
monitorio en los casos de aparente voluntad de la deudora de
ocultarse de los acreedores por las razones múltiples posibles:
liquidación de la sociedad fuera de los cauces previstos,
insolvencia previsible, etc. Se desvirtúa la esencia del
procedimiento, cuya naturaleza es evitar la necesidad de acudir
siempre al declarativo cuando no hay un título ejecutivo suficiente.
Si el incremento de la cuantía, sucesivo en cada modificación de la
LEC, parece ser síntoma de un correspondiente incremento de la
confianza del Legislador en la idoneidad del procedimiento, que nació
limitado a este respecto, contradictoriamente se ha cegado, sin
fundamento, una tendencia jurisprudencial favorable a ampliar, en
ciertos casos, el uso de la notificación por edictos, previsto en la
Ley sólo en el caso de las reclamaciones por deudas de propiedad
horizontal.
El
tenor del artículo 815, al respecto de la notificación, era el
siguiente: El
requerimiento se notificará en la forma prevista en el artículo 161
de esta Ley,
con apercibimiento de que, de no pagar ni comparecer
alegando razones de la negativa al pago, se despachará contra él
ejecución según lo prevenido en el artículo siguiente.
A
tenor de dicho literal, veníamos solicitando que se accediera a la
notificación por edictos en los procedimientos monitorios cuando se
habían intentado comunicaciones en los domicilios que constaban en
los registros públicos, librándose tras ellos oficios para la
averiguación a las Entidades que podían tener conocimiento de otros
alternativos y, en general, practicado las necesarias averiguaciones
a que se refiere el artículo 156 de la LEC.
tenor de dicho literal, veníamos solicitando que se accediera a la
notificación por edictos en los procedimientos monitorios cuando se
habían intentado comunicaciones en los domicilios que constaban en
los registros públicos, librándose tras ellos oficios para la
averiguación a las Entidades que podían tener conocimiento de otros
alternativos y, en general, practicado las necesarias averiguaciones
a que se refiere el artículo 156 de la LEC.
Alegábamos
entender procedente la solicitud, en primer lugar, por las
circunstancias de hecho concurrentes en la mayoría de estos casos,
que revelan indiciariamente una voluntad de ocultarse:
principalmente, la falta de comunicación a la Administraciones
Públicas de un nuevo domicilio, con presunta contravención de lo
dispuesto, v.gr.,
en el artículo 48
de la Ley 580/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria: “los
obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el
cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda”
y la falta de actividad
aparente, con cierre igualmente aparente del local o domicilio
social. A veces, hemos llegado incluso a acreditar el uso de la
notificación edictal por parte de las Administraciones Públicas
aportando copia de boletines oficiales, sin demasiado éxito.
entender procedente la solicitud, en primer lugar, por las
circunstancias de hecho concurrentes en la mayoría de estos casos,
que revelan indiciariamente una voluntad de ocultarse:
principalmente, la falta de comunicación a la Administraciones
Públicas de un nuevo domicilio, con presunta contravención de lo
dispuesto, v.gr.,
en el artículo 48
de la Ley 580/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria: “los
obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el
cambio del mismo a la Administración tributaria que corresponda”
y la falta de actividad
aparente, con cierre igualmente aparente del local o domicilio
social. A veces, hemos llegado incluso a acreditar el uso de la
notificación edictal por parte de las Administraciones Públicas
aportando copia de boletines oficiales, sin demasiado éxito.
En
segundo término, y como fundamento estrictamente legal, por
aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 165 LEC por vía de
remisiones: del 815 al 161, de éste al 156 y de este último al 165,
que regula la comunicación edictal.
segundo término, y como fundamento estrictamente legal, por
aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 165 LEC por vía de
remisiones: del 815 al 161, de éste al 156 y de este último al 165,
que regula la comunicación edictal.
Por
último, y en relación directa con lo anterior, alegábamos que
parte de la Jurisprudencia avalaba nuestras tesis. Así (citando
resoluciones resolviendo fuera del ámbito del proceso monitorio en
reclamaciones de deudas de comunidades de propietarios de la LPH, por
estar en ese caso determinada la procedencia, de manera expresa en la
ley), el A.A.P. de Las Palmas, Sección 3ª, Auto de 8 de mayo de
2006, número de recurso 151/2006:
“…el
art. 815-1º LECiv se remite directamente al art. 161 de la LECiv en
materia de notificaciones, el cual a su vez se remite al art. 156
-averiguación de domicilio-, y el 156-4º señala que de fracasar la
averiguación de domicilio se practicará por edictos, es decir, con
aplicación del art. 164. Por tanto, el art. 815-1º sí prevé la
posibilidad de los edictos, al remitirse a la normativa general, y la
especialidad del art. 815- 2º no consiste pues en la remisión al
art. 164, sino en la determinación legal de los domicilios en que
intentar la notificación. Al margen de esta consideración
normativa, si el legislador hubiera querido excluir al juicio
monitorio de la práctica de notificaciones y requerimientos por
edictos hubiera sido fácil establecerlo así. La ausencia de esta
exclusión debe proscribir toda interpretación que ciegue el
ejercicio de acciones judiciales establecidas en la Ley, abonando
además el terreno para ocultaciones de domicilio y otro tipo de
fraudes procesales…”
En
el mismo sentido estaban también los Autos de la Ilustrísima
Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, de fecha 18 de
septiembre de 2007, número de recurso 233/2007, de la Ilustrísima
A.P. de Badajoz, Sección 2ª, recurso número 88/2004, de 3 de marzo
de 2004 y también de la Ilustrísima Audiencia Provincial de
Valencia, Sección 7ª, de 15 de abril de 2008, número de recurso
205/2008.
Finalmente,
añadíamos una reflexión como último aval de la tesis. Si el
problema está en que la notificación edictal -ficción de
notificación- no ofrece las garantías debidas, ¿ofrecerá más
garantías al deudor aplicar dicho mecanismo en un juicio
declarativo, cuando la falta de recepción será la misma, o por el
contrario supone añadir dilaciones y amparar presuntos
incumplimientos de la ley al no comunicar un nuevo domicilio? o, también, ¿incrementar el número de ficciones de notificación
incrementa las posibilidades de que alguna se convierta en una
notificación real? Además, existen situaciones en las que el
deudor de una comunidad de propietarios acreedora determinada puede
necesitar ausentarse por razones que no estén presididas por la mala
fe y verse perjudicado por una falta de presencia personal dilatada
en el tiempo. La situación física del piso o local es equiparable
por analogía a la obligatoriedad de tener un domicilio actualizado
en la AEAT cuando se ejerce una actividad mercantil, a nuestro
criterio.
No
obstante, en lugar de consolidar la tendencia jurisprudencial citada,
la opción ha sido cercenarla, añadiendo al artículo 815 LEC el
siguiente párrafo: “sólo
se admitirá el requerimiento al demandado por medio de edictos en el
supuesto regulado en el siguiente apartado de este artículo”,
esto es, en el caso de deudas derivadas de la propiedad horizontal.
Ello
desaconseja, a nuestro criterio, emplear el juicio monitorio a fin de
conseguir un título ejecutivo en los casos que hemos ejemplificado,
por tratarse de un procedimiento limitado radicalmente de origen de
concurrir una falta de voluntad del deudor de recibir un
emplazamiento mediante cualquiera de las estrategias que la práctica
demuestra asequibles y frecuentes.
