La nueva propuesta de etiquetado nutricional del Ministerio: unas notas jurídicas.

En la nota de prensa de 28 de febrero de este mismo año el sistema chileno era el primero de los mencionados por el Ministro como referente. 

El 26 de junio Antonio Rodríguez Estrada publicaba la noticia:

El sistema “elegido” es el francés, también denominado Nutriscore, que han diseñado destacados investigadores en nutrición, no solo en Francia. Las cuestiones nutricionales fueron abordadas por la doctora y directora adjunta del equipo de investigación en Epidemiología Nutricional en la Universidad de París que desarrolló el etiquetado, Pilar Galán, y el del dietista-nutricionista Juan Revenga en uno de los programas recientes de SER Consumidor, dirigido por Jesús Soria (aquí pueden escuchar el podcast).

Desde el inicio se ha dicho que el nuevo etiquetado ha de ser voluntario, porque la normativa no permite otra cosa. Sin embargo, tal cosa no es, nos parece, del todo exacta.

En primer lugar (y esto es aplicable al 100% al etiquetado chileno), existe una habilitación expresa para establecer, como medida nacional, una serie de menciones obligatorias del etiquetado de alimentos en el artículo 39, apartados 1 y 2, del Reglamento de etiquetado y presentación. “Alto en azúcares” o “alto en sodio” encajan perfectamente en la habilitación, como en un guante. Y ello es así porque, además, existe otra razón indirecta pero indubitada, cual es que los azúcares o la sal son componentes que las propias normas presumen insanos (art. 4 del Reglamento 1924 y 40.6 de la LSAN), La medida, existiendo habilitación expresa, no supondrá un aumento de obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluida la discriminación en relación con los alimentos de otros Estados miembros (art. 38.1 del Reglamento de etiquetado) en cuanto, en resumen, su aplicación no se diferencie por la procedencia de los productos, conforme a la consolidada doctrina del TJUE expuesta en este artículo de José María Ferrer en LexAinia.
Existiendo habilitación (39.1 y 39.2) de salud y de protección de los consumidores y estableciendo la medida con carácter general, para todos los productos, nacionales o comunitarios, el etiquetado chileno es perfectamente aplicable en España.
Hay que tener en cuenta, además, la relevancia de otro hecho: ¿qué expectativa puede tener una acción contra España ante el TJUE sabiendo que la Comisión lleva más de 10 años incumpliendo su obligación de establecer los perfiles nutricionales? ¿Nos demandaría la Comisión? Habría buenos argumentos de hecho y de derecho para plantear batalla. Merece la pena hacerlo. Nadie ha actuado en más de 10 años contra una Comisión que lleva una década vulnerando, en favor de la industria de comida chatarra, la normativa esencial de declaraciones nutricionales: hay poca ambición de salud pública, poco interés en proteger a los consumidores.
Frente al sistema chileno, el sistema Nutriscore tiene además otras implicaciones jurídicas. No las tiene en cuanto pueda calificar como insano un producto: las tiene cuando se mete en el ámbito del Reglamento de alegaciones nutricionales y propiedades saludables.
No lo digo yo, lo dice la propia Comisión Europea en su Informe al Parlamento y al Consejo de 20 de mayo de 2020: “when such a scheme attributes an overall positive message (for example through a green colour), it also fulfils the legal definition of a “nutrition claim” as it provides information on the beneficial nutritional quality of a food as defined in Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods“.

Es decir, cuando se le da a un verde a un producto (cosa que no hace el sistema chileno), se está entrando en el ámbito de las declaraciones nutricionales. En conclusión: el Ministerio ha escogido el sistema menos factible, menos ambicioso y que plantea, en su caso, dudas jurídicas en la parte que sirve menos a los fines de proteger la salud de los consumidores.

Estamos más que a tiempo de mejorar.